Hastiado. Y eso, siendo muy fino.

Y no porque el ejercicio libre de la profesión esté complicado, porque la desenfrenada lucha de precios prácticamente imposibilite vivir dignamente de esto, o porque conseguir un proyecto digno de tal nombre suponga, prácticamente, un imposible.

Todo ello, huelga decir, contribuye. Pero no. Mi hastío no viene de ahí. Eso se sobrelleva. La profesión está complicada como lo están otras. La absolutamente irracional lucha de precios es algo en lo que, si no quieres, no tienes por qué entrar (al fin y al cabo, más vale un proyecto bien hecho y bien cobrado, que no varios proyectos hechos a prisa por precios ridículos). Y es cierto que conseguir un encargo digno de tal nombre es complicado, pero también es cierto que, al menos en mi caso, la satisfacción que luego proporciona el trabajo bien hecho me compensa el trabajo y el esfuerzo invertido.

Por eso digo que no. Que mi hastío no viene de ahí.

Tiene más que ver con la lucha con la administración. Con la diarrea legislativa que asola este país. Con las luchas entre reinos de taifas que han derivado en diecisiete legislaciones urbanísticas distintas (pero que, realmente, apenas se diferencian en nada); en diecisiete legislaciones de accesibilidad diferentes (y digo yo, es qué los usuarios de sillas de ruedas madrileños tienen distintas necesidades o capacidades que los andaluces o los gallegos); o en diecisiete legislaciones medioambientales adaptadas a las particularidades de cada región (como si los vertidos que se realizasen sobre el río tajo en Madrid afectasen de modo distinto al río según esté discurra por la comunidad de Madrid o por Extremadura…).

Por poner un ejemplo: en 2006 se aprobaba el Código Técnico de la Edificación, que incluía, en el Documento Básico SU (Seguridad de Utilización) algunas características a cumplir por rampas y escaleras. Tan solo un año después se publicaba el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, que modificaba (ligerísimamente, eso sí) las condiciones anteriormente dictadas en el Código Técnico de la Edificación. Apenas dos años después, era aprobado el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Paralelamente, en Andalucía (Comunidad en la que tengo a bien residir y trabajar) aprobaba en 2009 el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Y no bastando con eso, el BOJA número 12 de 19 de enero de 2012 publicaba la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.

Es decir, tan solo en una materia, tres normativas (o modificaciones de las mismas) a nivel estatal, y otras dos a nivel autonómico (en Andalucía, porque el resto de los reinos de taifas de nuestra querida España no se han estado de brazos cruzados en este periodo…).

Después de esto, cuando luego viene un señor, más bien calvete y de gesto serio, a decirme que el problema de la competencia en este país se resuelve eliminando las reservas de actividad, yo no puedo sino mostrar cierto escepticismo (en mi más completa ignorancia) y pensar que, tal vez, quizá, sería posible, que si tuviésemos algo más de estabilidad jurídica, si hubiese una única legislación estatal para aquellos aspectos que realmente no presentan diferencias entre regiones (¿merece distinta consideración el medio ambiente de Castilla del de Aragón? ¿Es distinto un discapacitado valenciano de un proveniente de Galicia?), si los técnicos pudiésemos dedicarnos a realizar proyectos y no a estudiar micromodificaciones legislativas día sí día no, quizá, tal vez, en ese caso, podríamos ejercer mucho más fácilmente en todo el territorio nacional, y no sería necesario eliminar las reservas de actividad para favorecer la competencia.

Y además, posiblemente, tendríamos más tiempo para hacer mejores proyectos.